Martes
15 de Julio de 2014
Informe del Centro de Estudiantes
Universitarios de Psicología (CEUP) acerca de las violaciones a los Derechos
Humanos en el Hogar Ser del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
(SIRPA).
Por
intermedio del presente informe pretendemos dar cuenta de lo conversado en la
reunión realizada en julio del presente año, en la Comisión Menorazo del Centro
de Estudiantes Universitarios de Psicología con el grupo de Familias en Defensa
de los Derechos Humanos de Jóvenes Privados de Libertad en SIRPA (Familias NAJ
Privados de Libertad). Asistieron a la misma compañeros de la Asociación de
Estudiantes de Medicina (AEM), para compartir agenda sobre lo que vienen
trabajando en cuanto a la llamada campaña en contra de la Baja de la Edad de
Imputabilidad Penal Adolescente.
Comenzamos
hablando acerca de la reunión que este grupo de familiares mantuvo con la
Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados el día 2 de julio de 2014. El grupo
de familiares acompañados por la abogada Sandra Giménez, relataron nuevamente
los hechos de maltrato y las condiciones precarias en la que viven los jóvenes
recluidos en el Hogar SER de la Colonia Berro. Puntualizan que los problemas se
concentran en ese centro, al cual caracterizan como una “isla” dentro del
Sistema. Destacan que los jóvenes recluidos en centros como Ariel, El Hornero e
Ituzaingó están en muy buenas condiciones.
Fundamentalmente
se describieron los diferentes tipos de maltratos y torturas a los que son
sometidos sus hijos y nietos, los cuales representan indudablemente violaciones
a los Derechos Humanos. Entre ellos se mencionaron la utilización de picana,
desnudarlos y colgarlos de los brazos durante noches en el baño, golpizas
reiteradas, salidas al patio durante la noche desnudos en pleno invierno,
instigándolos a limpiar el piso del patio con cepillos de dientes, entre otros.
Además destacaron que sorpresivamente se suspenden las visitas de familiares a
los adolescentes recluidos, y esto coincide con las semanas en que los jóvenes
son sometidos a violentas golpizas. Las autoridades recurren a esta práctica
para evitar que se generen denuncias en caso de que las madres constaten que
sus hijos son golpeados.
Las
respuestas que recibieron por parte de algunos parlamentarios no fue la que
esperaban. La diputada Daniela Payssé recriminó a la abogada que hayan acudido
a la prensa para tratar el tema. Además negó que los jóvenes estuvieran hasta
20 horas encerrados en celdas y destacó que en la visita hecha por
parlamentarios encontraron varias mejoras como un patio con un arbolito.
Por
otra parte la diputada Orquídea Minetti destacó mejoras en las condiciones y
aseguró que estas cosas no pueden seguir sucediendo. La diputada se retiró ni
bien culminó la exposición del grupo de familiares, y remarcó que no está
dispuesta a tratar el tema en esas condiciones y que el asunto de las denuncias
sobre torturas en centros de reclusión se están utilizando políticamente a
partir de que salió en la prensa. El grupo de madres entiende que esto se dio
debido a que la diputada pertenece al MPP, sector que tiene varios cargos de
dirección en el SIRPA.
A
raíz de lo acontecido en la reunión de la comisión de DDHH del parlamento y las
respuestas de las dos diputadas frenteamplistas, las madres entienden que se
“les tomó el pelo”, y que las denuncias de violaciones a los derechos humanos
de sus familiares fueron desestimadas debido a las consecuencias políticas que
podrían perjudicar la campaña electoral.
El
grupo de madres pone en claro que sus intenciones son que se detengan las
prácticas de torturas, y se generen mecanismos para que se amplíen las salidas
al patio. Más allá del hacinamiento, ponen el foco en la desmesurada cantidad
de tiempo que pasan encerrados en las celdas, y que de esta forma no es posible
promover la rehabilitación. Destacan que los programas que brindan
oportunidades en pasantías laborales son buenos, y que se tienen que continuar
promoviendo.
Además
buscan que los partidos políticos tomen medidas al respecto, y que los responsables
paguen por sus actos. Es de destacar que no pretenden nada más allá de que se
respete la dignidad de los jóvenes en situación de encierro y reconocen que sus
hijos cometieron un error con la sociedad y que es justo que paguen por ello.
No pretenden que el problema sea un asunto de campaña electoral, ni que ningún
partido político sea afectado.
Respecto
a las declaraciones en los medios de comunicación, remarcan que este fue el
último recurso, ya que no visualizaban ningún avance en cuanto a las denuncias
llevadas a cabo. Las madres cuentan que desde que el problema circula en la
prensa se han generado algunas mejoras en las condiciones de reclusión, como es
el hecho de que ahora tienen jabón, pasta dental y papel higiénico a diario.
Incluso mencionan que cuando se anunció en prensa la visita de una delegación
parlamentaria al hogar SER, en este centro se quemaron colchones viejos, se
cambiaron sábanas, e incluso un grupo de 17 jóvenes fue llevado de paseo a
Punta del Este durante esos días (hecho que sospechan que se llevó cabo para
disimular el hacinamiento y evitar que algunos adolescentes estuvieran
presentes durante la visita de los parlamentarios).
Las
madres exigen que se identifiquen a aquellos funcionarios que apelan a los
maltratos dentro de los hogares de reclusión, así como a los responsables
políticos que promueven y encubren dichas situaciones que ocurren
sistemáticamente, y que sus hijos y nietos sufren día a día. A su vez, aclaran
y reconocen que los funcionarios que llevan adelante estas prácticas de
violación a los DDHH no son todos, pero que aquellos que sí lo hacen deben ser
denunciados y sumariados.
Sobre
los hogares de reclusión del SIRPA las madres cuentan que el hogar SER es el
más terrible debido a que la ahora ex directora Yessica Barrios, ha sido la
principal responsable de admitir y promover estas prácticas de violación a los
DDHH.
La
tarea de los profesionales que actúan en este centro es digno de investigación.
Por un lado los jóvenes no confían en la psicóloga del hogar a quien ven cada
15 días. Los adolescentes transmiten que lo que hablan con dicha psicóloga es
rápidamente transmitido por la misma a la directora del centro. Las madres
cuentan que de esta manera, la psicóloga lejos de ejercer su rol profesional
forma parte de los mecanismos de control de los que dispone la dirección para
identificar y tomar represalias contra aquellos jóvenes que intentan enunciar
las violaciones que sufren constantemente. A su vez, los profesionales médicos
que ejercen en el centro ,no denuncian a los organismos competentes cuando
reconocen signos evidentes de maltratos en los cuerpos de los jóvenes a los que
atienden, y muchas de las veces argumentan que los signos de violencia que
presentan son producto de riñas y conflictos que los mismos jóvenes tiene con
sus compañeros. El “no tenés nada” como diagnóstico se vuelve habitual y la
impunidad y el encubrimiento de la violencia continúa.
Otro
factor que despierta preocupación en las madres y abuelas de los jóvenes es el
suministro de medicamentos. Estas cuentan que se medica a todos los
adolescentes por igual, sin receta, y sin una necesaria pertinencia en muchos
casos. El fármaco neuroléptico Quetiapina (antipsicótico) es moneda corriente
dentro de los centros de reclusión ya que actúa como un fuerte sedante que
permite controlar a los adolescentes. Las madres cuentan que a raíz de la sobre
medicación de este fármaco algunos de los jóvenes han sufrido convulsiones y
otros efectos secundarios altamente perjudiciales para la salud de sus hijos.
Como
estudiantes universitarios y futuros profesionales de la salud entendemos
altamente preocupante que durante el ejercicio de su profesión en cargos dentro
de los centros de reclusión adolescente existan psicólogos y médicos que
encubran casos de violación a los Derechos Humanos. Los profesionales
universitarios deben, en cualquier circunstancia, promover la salud, el
bienestar y la preservación de los DDHH de todos los sujetos con y para los
cuales trabajen. Entendemos que cualquier ejercicio que falte a estas premisas,
no solo es una falta grave a la ética profesional que va en perjuicio de la
propia disciplina, sino que representa una actitud proactiva hacia la
reproducción de un sistema especializado en la tortura y la violación a los
DDHH, y que debe ser identificado y denunciado con la gravedad y seriedad que
implica.
En
la declaración que escribió el Centro de Estudiantes Universitarios de
Psicología en el mes de abril respecto a las violaciones de los Derechos
Humanos en hogares del SIRPA, enunciamos que se debía respetar el debido
proceso ante toda denuncia efectuada tanto por familiares como por funcionarios
de los hogares. Sin embargo, ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo, ni la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, ni la
abogada de los familiares, han recibido informes de avances sobre las denuncias
realizadas en el año 2013. Esto significapérdidass de garantías en el debido
proceso, y volvemos a señalar que los órganos competentes deben agilizar y
viabilizar este proceso.
Desde
el CEUP entendemos que debemos acompañar, apoyar, generar y sostener las
condiciones que permitan la enunciación de aquellos colectivos sociales
vulnerados.
Por
lo cual debemos atender nuestra propia implicancia en el entramado social, es
decir, vigilar desde una crítica reflexiva las formas y los dispositivos desde
los cuales nos acercamos a la sociedad en su conjunto.
Una
de las herramientas más ricas que nos brinda la Universidad para llevar a cabo
esta tarea es la Extensión; entendiendo la misma como una instancia de fomento
y co-construcción de vínculos y lazos tanto culturales, como políticos y de
convivencia, que a través de la experiencia vivencial le brindan al estudiante
la posibilidad de reflexionar sobre los procesos de vulneración social.
Es
por esto que desde la Centro nos preguntamos de qué forma y desde qué
dispositivos podemos incidir en dicha problemática como futuros Psicólogos.
Creemos
se hace oportuno comenzar a diseñar dispositivos de contención y acompañamiento a las familias y a los jóvenes que están
atravesando por dicha situación, así como generar dispositivos a nivel
territorial que contribuyan a la construcción de una nueva subjetividad a nivel
social, desde las bases de la no estigmatización de la pobreza.
Por
lo tanto, desde el CEUP pensamos en las siguientes líneas de acción con el fin
de apoyar a los familiares de adolescentes privados de libertad en el Hogar
SER:
- Poner en conocimiento y promover
la discusión de esta problemática tanto en los diferentes espacios
institucionales como gremiales de nuestra facultad, para así lograr un
compromiso de todos los actores de nuestra casa de estudios en el abordaje
integral de esta problemática. Posteriormente idear en conjunto estrategias de
acción y disponer los recursos necesarios para promover prácticas pertinentes
en el abordaje desde la institución.
- Promover una investigación desde
la Universidad de la República acerca del ejercicio ético de los profesionales
dentro de los centros de reclusión de menores adolescentes, especialmente el
papel que desempeñan los profesionales de la Psicología.
- Fomentar un rol activo de la
UdelaR en la problemática de la rehabilitación de jóvenes privados de libertad,
creando proyectos de extensión y disponiendo de recursos necesarios para esta
misión.
- Lograr establecer la discusión y
posterior posicionamiento de nuestro Centro de Estudiantes en torno a esta
temática, así como incentivar para que los centros y asociaciones de
estudiantes pertenecientes a la FEUU lleven a cabo el debido proceso, promoviendo la construcción colectiva de
acciones en defensa de los DDHH.
- Establecer un diálogo tanto a
nivel gremial como institucional con el Centro de Estudiantes de Derecho y la
Facultad de Derecho, respectivamente, procurando que se involucren en el abordaje
de esta problemática desde el ejercicio de su disciplina en lo que refiere a la
defensa de los Derechos Humanos.
- Utilizar los medios de
comunicación que disponemos –Radio en Fuga, Radio Vilardevoz, UNI Radio-
para difundir esta problemática.
Consideramos importante que la comunidad tome conocimiento de la seriedad de la
situación, la cual creemos que no está contemplada en la agenda actual de los
medios de comunicación hegemónicos.
- Invitar a los compañeros de la
Asociación de Estudiantes de Medicina a promover investigaciones respecto al
rol de los médicos y la utilización de medicación en el Hogar SER de la Colonia
Berro.
Creemos que como colectivo debemos tomar
acciones que nos permitan continuar trabajando sobre esta problemática y
acumular así las fuerzas necesarias para que las violaciones a los Derechos
Humanos en los centros de reclusión adolescente cesen definitivamente.
Centro de Estudiantes de Psicología - CEUP
ASCEEP FEUU
