Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología. Facultad de Psicología - Universidad de la República
viernes, 31 de octubre de 2014
martes, 14 de octubre de 2014
¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
Difundimos la declaración de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU):
Montevideo, Lunes 14 de Octubre de 20147
El 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, México, la policía en alianza con organizaciones criminales armadas asesinó a seis personas, (tres de ellos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que se manifestaban es esa ciudad) y 43 estudiantes fueron víctimas de la desaparición forzada, de los cuales aún se desconoce su paradero. El pasado 3 de octubre fueron halladas 6 fosas comunes con decenas de cuerpos calcinados, que se teme que sean los de los estudiantes de Ayotzinapa.
Con motivo de movilizarse por el aniversario número 46 de la matanza de Tlatelolco, un grupo de alrededor de 100 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, como así se denomina el instituto donde se estudia profesorado, "Raúl Isidro Burgos", pretendían trasladarse a reivindicar pedido de cooperación, a donde la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda Villa, presidenta del DIF Municipal, Felipe Flores Velázquez, ordenó no permitir que los estudiantes de Ayotzinapa llegaran al lugar del evento, para lo cual debía de implementar un operativo que frenara su avance y los replegara.
Esta masacre al movimiento estudiantil no es un caso aislado, sino parte de una política sistemática del Estado mexicano en donde las torturas, las desapariciones y las muertes violentas contra los luchadores sociales es cotidiana. En particular, los ataques y la
represión contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa han sido
constantes durante décadas, los cuales organizados desde la Federación de Estudiantes
Campesinos Socialistas de México (FECSM) han resistido las políticas neoliberales
tendientes a extinguir las escuelas normales rurales. Hay que tener en cuenta que los
gobiernos han generalizado su desestimación al campo, y una pretendida desaparición del
modelo educativo normalista donde preservan el origen de una lucha por el derecho a la
educación, en el afán hegemonizar la educación hacia la lógica de consumo. Encaminando
el aparato educativo como un dispositivo funcional al sistema capitalista. En este sentido,
en lo que va de este período se han clausurado cientos de escuelas primarias rurales.
Repudiamos también La Reforma Educativa que impuso desde el Poder Ejecutivo el
presidente Peña Nieto, a los 19 días de asumir su cargo en el año 2012. Los programas de
estudio los genera el gobierno desde la Secretaría de Educación, sin participación docente o
estudiantil alguna. Además, han tercerizado la creación de textos, llevada a cabo por
empresas particulares; siendo originalmente hecha por la Comisión Nacional de libros de
textos gratuitos. Gobierno con un claro interés en privatizar la educación y mercantilizar el
conocimiento a beneficio de la clase dominante. Propuesta diametralmente opuesta anuestra reivindicación por instituciones educativas autónomas, gratuitas, lacias y
cogobernadas.
Saludamos a la contundente movilización que han dado los docentes materializados en
campamentos fuera de la casa de Gobierno, y espacios públicos, lamentablemente
reprimido con armamento militar y policial. Denunciamos esos actos que violentan la
autonomía de la educación.
Actualmente, México está sujeto a un ejército que viola los Derechos Humanos y actúa al
margen de la ley. Excusándose de proteger a la ciudadanía frente al crimen organizado en
relación al narcotráfico, toma totales libertades para torturar e incluso asesinar civiles.
Demostrado está también, que el soborno y vigilancia que los narcotraficantes hacen sobre
la policía, deviene un vínculo de encubrimiento, que genera redes de impunidad y violencia.
No hay un ente acusatorio y de justicia frente a las matanzas frecuente que lamentablemente está destruyendo a los mexicanos.
La responsabilidad política de la mascare del 26, de este crimen contra todo el movimiento
estudiantil latinoamericano, corresponde al gobernador municipal, José Luis Abarca (ahora prófugo), al gobernador estatal Ángel Aguirre Rivero y al presidente Enrique Peña Nieto. Se trata de un crimen de Estado.
Desde la Federación de Estudiantes Universitario del Uruguay (FEUU) expresamos nuestraprofunda solidaridad con los estudiantes, maestros y familiares de la Normal Rural de Ayotzinapa y con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y a toda la comunidad de estudiantes mexicanos. Repudiamos enérgicamente, exigiendo el castigo a los responsables materiales, políticos e intelectuales de esta masacre.
Exhortamos a las instituciones nacionales e internacionales a hacerse eco de lo sucedido y
que breguen por brindar las garantías necesarias para que el proceso de búsqueda de los
desaparecidos se realice sin ningún tipo de obstaculización.
represión contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa han sido
constantes durante décadas, los cuales organizados desde la Federación de Estudiantes
Campesinos Socialistas de México (FECSM) han resistido las políticas neoliberales
tendientes a extinguir las escuelas normales rurales. Hay que tener en cuenta que los
gobiernos han generalizado su desestimación al campo, y una pretendida desaparición del
modelo educativo normalista donde preservan el origen de una lucha por el derecho a la
educación, en el afán hegemonizar la educación hacia la lógica de consumo. Encaminando
el aparato educativo como un dispositivo funcional al sistema capitalista. En este sentido,
en lo que va de este período se han clausurado cientos de escuelas primarias rurales.
Repudiamos también La Reforma Educativa que impuso desde el Poder Ejecutivo el
presidente Peña Nieto, a los 19 días de asumir su cargo en el año 2012. Los programas de
estudio los genera el gobierno desde la Secretaría de Educación, sin participación docente o
estudiantil alguna. Además, han tercerizado la creación de textos, llevada a cabo por
empresas particulares; siendo originalmente hecha por la Comisión Nacional de libros de
textos gratuitos. Gobierno con un claro interés en privatizar la educación y mercantilizar el
conocimiento a beneficio de la clase dominante. Propuesta diametralmente opuesta anuestra reivindicación por instituciones educativas autónomas, gratuitas, lacias y
cogobernadas.
Saludamos a la contundente movilización que han dado los docentes materializados en
campamentos fuera de la casa de Gobierno, y espacios públicos, lamentablemente
reprimido con armamento militar y policial. Denunciamos esos actos que violentan la
autonomía de la educación.
Actualmente, México está sujeto a un ejército que viola los Derechos Humanos y actúa al
margen de la ley. Excusándose de proteger a la ciudadanía frente al crimen organizado en
relación al narcotráfico, toma totales libertades para torturar e incluso asesinar civiles.
Demostrado está también, que el soborno y vigilancia que los narcotraficantes hacen sobre
la policía, deviene un vínculo de encubrimiento, que genera redes de impunidad y violencia.
No hay un ente acusatorio y de justicia frente a las matanzas frecuente que lamentablemente está destruyendo a los mexicanos.
La responsabilidad política de la mascare del 26, de este crimen contra todo el movimiento
estudiantil latinoamericano, corresponde al gobernador municipal, José Luis Abarca (ahora prófugo), al gobernador estatal Ángel Aguirre Rivero y al presidente Enrique Peña Nieto. Se trata de un crimen de Estado.
Desde la Federación de Estudiantes Universitario del Uruguay (FEUU) expresamos nuestraprofunda solidaridad con los estudiantes, maestros y familiares de la Normal Rural de Ayotzinapa y con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y a toda la comunidad de estudiantes mexicanos. Repudiamos enérgicamente, exigiendo el castigo a los responsables materiales, políticos e intelectuales de esta masacre.
Exhortamos a las instituciones nacionales e internacionales a hacerse eco de lo sucedido y
que breguen por brindar las garantías necesarias para que el proceso de búsqueda de los
desaparecidos se realice sin ningún tipo de obstaculización.
¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
POR TODO LO QUE NOS UNE
ASCEEP FEUU
POR TODO LO QUE NOS UNE
ASCEEP FEUU
miércoles, 8 de octubre de 2014
Septima Marcha en defensa de la tierra, el agua y los bienres naturales.
Dependencia y bienes comunes
Desde la
época de la colonia, Latinoamérica pasó a cumplir un rol importante dentro del
sistema capitalista; de oferente, fundamentalmente, de materias primas, para
satisfacer las demandas de un capitalismo naciente. Así nace un proceso de
dependencia que se mantiene y crece hasta la actualidad.
La
dependencia así construida y perpetuada a lo largo de la historia impone un rol
económico específico para los países periféricos; la exportación de materias
primas bajo acuerdos con empresas transnacionales, en el marco de la entrega de
los bienes comunes y la soberanía nacional, y la compra de productos
manufacturados en tanto el desarrollo productivo no va más allá de la
extracción de los recursos para su venta a las potencias centrales.
Hoy en día este rol mantiene su vigencia en el marco de diversos acuerdos internacionales y nacionales que hacen a un modelo económico que podemos caracterizar como neodesarrollista (1). De acuerdo a este modelo, la exportación de commodities con el financiamiento de inversiones extranjeras es la base para la salida del subdesarrollo de los países latinoamericanos, entre ellos Uruguay. El modelo neodesarrollista (una de las caras del capitalismo reformista) se encarga de encubrir y tecnificar el rol político de nuestra inserción económica y la producción tecnológica, en tanto marca una alianza entre los gobiernos y los capitales extranjeros en búsqueda de un mayor desarrollo. Desde este modelo existen ‘‘capitales positivos’’ que nos pueden ayudar a salir del subdesarrollo. Desde la teoría de la dependencia afirmamos que el subdesarrollo no puede comprenderse como una etapa hacia el desarrollo, sino como la consecuencia necesaria de un sistema económico mundial dominado por las economías centrales, y afirmamos a su vez que el modelo neodesarrollista marca una continuidad sobre el rol histórico de América Latina y nuestro país en el sistema capitalista.
El plan IIRSA y sus impactos
Si hablamos de la implementación de un modelo neodesarrollista debemos hablar del plan IIRSA (Integración de la infraestructura regional Sudamericana). Este plan encuentra sus argumentos en la potenciación económica de América Latina, a través de la extracción y rápida circulación de recursos naturales. Dicho plan significa la creación de mega emplazamientos mineros, extracción de petróleo, plantas de celulosa y forestación, producción sojera, extracción de gas a través del fracking, plantas regasificadoras, mega puertos, mega carreteras, entre otras. Una iniciativa se enmarca en un aceleramiento de la explotación de recursos naturales y de su exportación a las potencias centrales, configurando a grandes rasgos‘‘La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deben abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentaria está a disposición y podrá prever sanciones para los transgresores’’. un vaciamiento de los bienes comunes del continente en tiempos cada vez más acelerados.
Hoy en día en el Uruguay son varios los proyectos de este estilo que ya están encaminados: las plantas de celulosa, la explotación extensiva de soja y forestación, mientras que otros proyectos aún esperan la llegada de capitales y la firma de contratos, entre ellos: regasificadora en el oeste de Montevideo en el barrio de Santa Catalina, puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha y el mega emprendimiento minero Aratirí en el departamento de Treinta y Tres. Estos proyectos no deben entenderse por separado, en tanto la regasificadora va a suministrar esencialmente a Aratirí de energía, mientras que los minerales allí extraídos irían directo al puerto de aguas profundas y de allí a los mercados internacionales, principalmente China.
La construcción del emplazamiento minero y la firma del contrato de inversión con la empresa Zamin Ferrous, tienen su sustento en la Ley de Minería de Gran Porte, o la llamada Ley Aratirí. Desde el campo popular se denuncia la creación por parte del sistema político de una ley a la medida, una ley que hoy en día está siendo interpelada por su inconstitucionalidad. El fiscal Enrique Viana presentó a la Suprema Corte de Justicia el recurso de inconstitucionalidad para la Ley de Minería de Gran Porte, que se sustenta en dos argumentos: los conflictos judiciales por incumplimientos de normas que se tengan con la empresa deberán resolverse en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ), una corte internacional que pertenece al Banco Mundial, por lo tanto la justicia uruguaya no tiene capacidad de juzgar a la empresa. Esto restringe nuestra soberanía y viola la separación de poderes en tanto el poder ejecutivo al firmar el contrato pasa por encima del poder judicial. El otro argumento es la violación al artículo 47 de la constitución que expresa:
‘‘La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deben abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentaria está a disposición y podrá prever sanciones para los transgresores’’.
La construcción del emplazamiento minero, de acuerdo a este artículo, estaría violando la constitución debido a sus impactos; la contaminación de la tierra, el aire y principalmente el agua.
Hoy en día el fiscal Viana ha sido separado de su cargo; bajo una persecución política orquestada por el gobierno se le ha realizado una investigación administrativa y se lo separó del cargo.
La firma de este tipo de contrato con Zamin Ferrous nos habla de otro proyecto en el marco del neodesarrollismo, que significará la entrega de nuestra soberanía a cambio de una oferta laboral reducida para una megamina que permanecerá entre 12 y 15 años en nuestro país y una empresa transnacional que podrá extraer el recurso con la única condición de ofrecer al mercado un 15% de lo que extraiga (2).
Lucha y resistencia
El campo popular, desde organizaciones sociales, colectivos de productores, algunos sindicatos, gremios estudiantiles y demás organizaciones, está dando una lucha contra la implementación de los mega proyectos. Entre estas, se destaca la realización de varias marchas al año, llevadas adelante por la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales (ANP). La ANP está conformada por varios colectivos, organizaciones sociales, sindicatos y gremios, y tiene como finalidad organizar la lucha y establecer vínculos entre aquellos que se oponen al modelo imperante y el saqueo de nuestros bienes comunes. Desde la creación de la ANP en el 2012 se han realizado varias marchas nacionales y concentraciones en defensa de la tierra y los bienes naturales, que han tenido una participación multitudinaria.
A su vez, organizaciones sociales y ONG’s impulsan una recolección de firmas para realizar una reforma constitucional (3) con la finalidad de prohibir la instalación de emplazamientos mineros a cielo abierto y así frenar la instalación de la minera Aratirí y futuros proyectos.
Hoy en día la lucha contra la megaminería que la ANP y demás organizaciones están dando se enmarca en la negativa a la firma del contrato de inversión con la empresa Zamin Ferrous. El gobierno ha anunciado varias veces su inminente firma, pero esta ha quedado sucesivamente trunca. La falta de garantías sobre el cuidado ambiental es uno de los elementos que exponen los jerarcas del gobierno a la hora de explicar el retraso de la firma del contrato, lo cual ha generado presiones desde el gobierno a la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) en busca de tener dispuestos los avales ambientales y acelerar su firma.
El desafío se mantiene para los actores del campo popular. Resistir los megaproyectos que suponen el saqueo de nuestros bienes comunes y que se enmarcan en un modelo neodesarrollista que atraviesa al continente -como lo demuestra el plan IIRSA-, al igual que generar discusiones estratégicas que permitan luchar por un modelo de país diferente colocando sobre la mesa las posibles alternativas que hacen a la necesidad de quebrantar los ejes de desigualdad y dependencia que hacen a nuestra condición histórica, es la tarea y el desafío que se tiene por delante.
(1) Más información sobre la caracterización de este modelo en la Revista contrapunto Nº2: Bienes comunes, saqueo y resistencias: Artículo Seis tesis urgentes sobre el neo-desarrollismo en Uruguay.
(2) Información sobre las características del proyecto minero Aratirí - acceder
(3) Más información sobre la propuesta de reforma constitucional - acceder
CELTA-FEUU: Comisión de Estudiantes en Lucha por la Tierra y el Agua - Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
Hoy en día este rol mantiene su vigencia en el marco de diversos acuerdos internacionales y nacionales que hacen a un modelo económico que podemos caracterizar como neodesarrollista (1). De acuerdo a este modelo, la exportación de commodities con el financiamiento de inversiones extranjeras es la base para la salida del subdesarrollo de los países latinoamericanos, entre ellos Uruguay. El modelo neodesarrollista (una de las caras del capitalismo reformista) se encarga de encubrir y tecnificar el rol político de nuestra inserción económica y la producción tecnológica, en tanto marca una alianza entre los gobiernos y los capitales extranjeros en búsqueda de un mayor desarrollo. Desde este modelo existen ‘‘capitales positivos’’ que nos pueden ayudar a salir del subdesarrollo. Desde la teoría de la dependencia afirmamos que el subdesarrollo no puede comprenderse como una etapa hacia el desarrollo, sino como la consecuencia necesaria de un sistema económico mundial dominado por las economías centrales, y afirmamos a su vez que el modelo neodesarrollista marca una continuidad sobre el rol histórico de América Latina y nuestro país en el sistema capitalista.
El plan IIRSA y sus impactos
Si hablamos de la implementación de un modelo neodesarrollista debemos hablar del plan IIRSA (Integración de la infraestructura regional Sudamericana). Este plan encuentra sus argumentos en la potenciación económica de América Latina, a través de la extracción y rápida circulación de recursos naturales. Dicho plan significa la creación de mega emplazamientos mineros, extracción de petróleo, plantas de celulosa y forestación, producción sojera, extracción de gas a través del fracking, plantas regasificadoras, mega puertos, mega carreteras, entre otras. Una iniciativa se enmarca en un aceleramiento de la explotación de recursos naturales y de su exportación a las potencias centrales, configurando a grandes rasgos‘‘La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deben abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentaria está a disposición y podrá prever sanciones para los transgresores’’. un vaciamiento de los bienes comunes del continente en tiempos cada vez más acelerados.
Hoy en día en el Uruguay son varios los proyectos de este estilo que ya están encaminados: las plantas de celulosa, la explotación extensiva de soja y forestación, mientras que otros proyectos aún esperan la llegada de capitales y la firma de contratos, entre ellos: regasificadora en el oeste de Montevideo en el barrio de Santa Catalina, puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha y el mega emprendimiento minero Aratirí en el departamento de Treinta y Tres. Estos proyectos no deben entenderse por separado, en tanto la regasificadora va a suministrar esencialmente a Aratirí de energía, mientras que los minerales allí extraídos irían directo al puerto de aguas profundas y de allí a los mercados internacionales, principalmente China.
La construcción del emplazamiento minero y la firma del contrato de inversión con la empresa Zamin Ferrous, tienen su sustento en la Ley de Minería de Gran Porte, o la llamada Ley Aratirí. Desde el campo popular se denuncia la creación por parte del sistema político de una ley a la medida, una ley que hoy en día está siendo interpelada por su inconstitucionalidad. El fiscal Enrique Viana presentó a la Suprema Corte de Justicia el recurso de inconstitucionalidad para la Ley de Minería de Gran Porte, que se sustenta en dos argumentos: los conflictos judiciales por incumplimientos de normas que se tengan con la empresa deberán resolverse en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ), una corte internacional que pertenece al Banco Mundial, por lo tanto la justicia uruguaya no tiene capacidad de juzgar a la empresa. Esto restringe nuestra soberanía y viola la separación de poderes en tanto el poder ejecutivo al firmar el contrato pasa por encima del poder judicial. El otro argumento es la violación al artículo 47 de la constitución que expresa:
‘‘La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deben abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentaria está a disposición y podrá prever sanciones para los transgresores’’.
La construcción del emplazamiento minero, de acuerdo a este artículo, estaría violando la constitución debido a sus impactos; la contaminación de la tierra, el aire y principalmente el agua.
Hoy en día el fiscal Viana ha sido separado de su cargo; bajo una persecución política orquestada por el gobierno se le ha realizado una investigación administrativa y se lo separó del cargo.
La firma de este tipo de contrato con Zamin Ferrous nos habla de otro proyecto en el marco del neodesarrollismo, que significará la entrega de nuestra soberanía a cambio de una oferta laboral reducida para una megamina que permanecerá entre 12 y 15 años en nuestro país y una empresa transnacional que podrá extraer el recurso con la única condición de ofrecer al mercado un 15% de lo que extraiga (2).
Lucha y resistencia
El campo popular, desde organizaciones sociales, colectivos de productores, algunos sindicatos, gremios estudiantiles y demás organizaciones, está dando una lucha contra la implementación de los mega proyectos. Entre estas, se destaca la realización de varias marchas al año, llevadas adelante por la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales (ANP). La ANP está conformada por varios colectivos, organizaciones sociales, sindicatos y gremios, y tiene como finalidad organizar la lucha y establecer vínculos entre aquellos que se oponen al modelo imperante y el saqueo de nuestros bienes comunes. Desde la creación de la ANP en el 2012 se han realizado varias marchas nacionales y concentraciones en defensa de la tierra y los bienes naturales, que han tenido una participación multitudinaria.
A su vez, organizaciones sociales y ONG’s impulsan una recolección de firmas para realizar una reforma constitucional (3) con la finalidad de prohibir la instalación de emplazamientos mineros a cielo abierto y así frenar la instalación de la minera Aratirí y futuros proyectos.
Hoy en día la lucha contra la megaminería que la ANP y demás organizaciones están dando se enmarca en la negativa a la firma del contrato de inversión con la empresa Zamin Ferrous. El gobierno ha anunciado varias veces su inminente firma, pero esta ha quedado sucesivamente trunca. La falta de garantías sobre el cuidado ambiental es uno de los elementos que exponen los jerarcas del gobierno a la hora de explicar el retraso de la firma del contrato, lo cual ha generado presiones desde el gobierno a la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) en busca de tener dispuestos los avales ambientales y acelerar su firma.
El desafío se mantiene para los actores del campo popular. Resistir los megaproyectos que suponen el saqueo de nuestros bienes comunes y que se enmarcan en un modelo neodesarrollista que atraviesa al continente -como lo demuestra el plan IIRSA-, al igual que generar discusiones estratégicas que permitan luchar por un modelo de país diferente colocando sobre la mesa las posibles alternativas que hacen a la necesidad de quebrantar los ejes de desigualdad y dependencia que hacen a nuestra condición histórica, es la tarea y el desafío que se tiene por delante.
(1) Más información sobre la caracterización de este modelo en la Revista contrapunto Nº2: Bienes comunes, saqueo y resistencias: Artículo Seis tesis urgentes sobre el neo-desarrollismo en Uruguay.
(2) Información sobre las características del proyecto minero Aratirí - acceder
(3) Más información sobre la propuesta de reforma constitucional - acceder
CELTA-FEUU: Comisión de Estudiantes en Lucha por la Tierra y el Agua - Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
martes, 7 de octubre de 2014
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