La Federación de Estudiantes
Universitarios del Uruguay manifiesta su rechazo a la
inminente firma del contrato de inversión entre la empresa Zamin Ferrous
y el Poder Ejecutivo. Dicha instancia representa un paso más en la
consolidación de un modelo de desarrollo que hipoteca nuestras posibilidades
de un desarrollo nacional soberano.
Señalamos el carácter
inconstitucional de la Ley de Minería en la que este contrato de inversión
se ampara, ley que atenta directamente contra el artículo 471
de nuestra Carta Magna y contra los preceptos constitucionales de soberanía
e igualdad ante la ley.
Recordamos que el proyecto
Aratirí forma parte de un modelo continental basado en una lógica
depredatoria, que antepone los intereses del capital multinacional a
las necesidades de nuestros pueblos. Nos solidarizamos con la lucha
que a través de toda Latinoamérica levanta la bandera de la dignidad
contra el atropello extractivista.
Reclamamos que se dejen
sin efecto las instancias proyectadas para la instalación de Aratirí
y se llame a un amplio y profundo debate nacional. Este debate debe
tener como ejes principales el desarrollo de un modelo minero realmente
sustentable y la necesidad de desarrollar una industria siderúrgica
nacional, aspectos que actualmente no están contemplados en el proyecto
megaminero.
La FEUU convoca a la
movilización social y popular para defender la soberanía sobre nuestros
recursos naturales y llama a redoblar la lucha por un cambio en la matriz
productiva nacional, cambio que permita superar el carácter dependiente
de nuestra economía y suponga una alternativa ambientalmente sustentable.
1 ARTÍCULO 47.- La protección
del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse
de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación
graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá
prever sanciones para los transgresores.
El agua es un recurso natural esencial para la vida.
El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen
derechos humanos fundamentales.
1) La política nacional de Aguas y Saneamiento estará basada
en:
a) el ordenamiento del territorio, conservación y protección del
Medio Ambiente y la restauración de la naturaleza.
b) la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras,
de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico
que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad
civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión
y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas
como unidades básicas.
c) el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones,
cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento
de agua potable a poblaciones.
