Montevideo,
07 de agosto de 2015
El
Comité de los Derechos del Niño Uruguay y las organizaciones
firmantes ante un nuevo episodio de violaciones a los derechos
humanos en cárceles de adolescentes reitera:
Estos episodios
de violencia institucional son parte de una lógica de ejercicio del
poder instaurada desde hace más de 20 años en estos centros, que
se han expandido y profundizado como forma habitual de práctica
desde la pasada administración. Estos métodos cotidianos de trato
con adolescentes detenidos son los que hemos denunciado junto a los
familiares de los detenidos y a lo que se ha respondido con
silencio, con ataque a los denunciantes o, directamente, con el aval
u ocultamiento de las prácticas denunciadas.
Los protocolos
internos de actuación, aprobados por el Estado uruguayo de acuerdo
a la normativa internacional vigente, establecen: “Sólo podrá
hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción en casos
excepcionales, cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los
demás medios de control y sólo de la forma expresamente autorizada
y descrita por una ley o un reglamento.”
La banalización
de la tortura y los ataques de dirigentes sindicales a las
organizaciones defensoras de ddhh toda vez que toma estado público
un episodio de violencia institucional, forman parte de una triste
página que aleja al sindicalismo de su otrora rol en defensa de las
causas más elementales de derechos humanos. Solamente con la
actuación judicial no se termina con la cultura de la tortura. Por
eso es responsabilidad de los integrantes de la central de
trabajadores condenar, desterrar y eliminar estas prácticas. Nada
nunca puede legitimarse en el presente cuando se actúa a la sombra
de las herramientas heredadas del Terrorismo de Estado.
Exigimos una
pronta actuación de la justicia penal ante las denuncias
presentadas. Exhortamos al sistema de justicia de adolescentes
(jueces, fiscales y defensores) a que termine con la desidia
institucional para que otorgue las garantías del debido proceso a
los adolescentes privados de libertad. Demandamos más presencia en
los ámbitos que correspondan para prevenir y desactivar estas
situaciones.
Solicitamos a los
partidos políticos una manifestación clara acerca de la violencia
institucional en el sistema de privación de libertad adolescente y,
a su vez, un cambio radical en las políticas públicas en materia
de administración de justicia penal juvenil. Puesto que todos los
partidos aprobaron -en los últimos años- leyes de carácter
netamente regresivo, que promovieron la criminalización de los
adolescentes y fomentaron el populismo punitivo. Los discursos
pronunciados por actores políticos, sindicalistas y operadores del
sistema de justicia son construidos bajo una misma matriz de
hegemonía conservadora.
