Dependencia y bienes comunes
Desde la
época de la colonia, Latinoamérica pasó a cumplir un rol importante dentro del
sistema capitalista; de oferente, fundamentalmente, de materias primas, para
satisfacer las demandas de un capitalismo naciente. Así nace un proceso de
dependencia que se mantiene y crece hasta la actualidad.
La
dependencia así construida y perpetuada a lo largo de la historia impone un rol
económico específico para los países periféricos; la exportación de materias
primas bajo acuerdos con empresas transnacionales, en el marco de la entrega de
los bienes comunes y la soberanía nacional, y la compra de productos
manufacturados en tanto el desarrollo productivo no va más allá de la
extracción de los recursos para su venta a las potencias centrales.
Hoy en día este rol mantiene su vigencia en el marco de diversos acuerdos internacionales y nacionales que hacen a un modelo económico que podemos caracterizar como neodesarrollista (1). De acuerdo a este modelo, la exportación de commodities con el financiamiento de inversiones extranjeras es la base para la salida del subdesarrollo de los países latinoamericanos, entre ellos Uruguay. El modelo neodesarrollista (una de las caras del capitalismo reformista) se encarga de encubrir y tecnificar el rol político de nuestra inserción económica y la producción tecnológica, en tanto marca una alianza entre los gobiernos y los capitales extranjeros en búsqueda de un mayor desarrollo. Desde este modelo existen ‘‘capitales positivos’’ que nos pueden ayudar a salir del subdesarrollo. Desde la teoría de la dependencia afirmamos que el subdesarrollo no puede comprenderse como una etapa hacia el desarrollo, sino como la consecuencia necesaria de un sistema económico mundial dominado por las economías centrales, y afirmamos a su vez que el modelo neodesarrollista marca una continuidad sobre el rol histórico de América Latina y nuestro país en el sistema capitalista.
El plan IIRSA y sus impactos
Si hablamos de la implementación de un modelo neodesarrollista debemos hablar del plan IIRSA (Integración de la infraestructura regional Sudamericana). Este plan encuentra sus argumentos en la potenciación económica de América Latina, a través de la extracción y rápida circulación de recursos naturales. Dicho plan significa la creación de mega emplazamientos mineros, extracción de petróleo, plantas de celulosa y forestación, producción sojera, extracción de gas a través del fracking, plantas regasificadoras, mega puertos, mega carreteras, entre otras. Una iniciativa se enmarca en un aceleramiento de la explotación de recursos naturales y de su exportación a las potencias centrales, configurando a grandes rasgos‘‘La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deben abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentaria está a disposición y podrá prever sanciones para los transgresores’’. un vaciamiento de los bienes comunes del continente en tiempos cada vez más acelerados.
Hoy en día en el Uruguay son varios los proyectos de este estilo que ya están encaminados: las plantas de celulosa, la explotación extensiva de soja y forestación, mientras que otros proyectos aún esperan la llegada de capitales y la firma de contratos, entre ellos: regasificadora en el oeste de Montevideo en el barrio de Santa Catalina, puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha y el mega emprendimiento minero Aratirí en el departamento de Treinta y Tres. Estos proyectos no deben entenderse por separado, en tanto la regasificadora va a suministrar esencialmente a Aratirí de energía, mientras que los minerales allí extraídos irían directo al puerto de aguas profundas y de allí a los mercados internacionales, principalmente China.
La construcción del emplazamiento minero y la firma del contrato de inversión con la empresa Zamin Ferrous, tienen su sustento en la Ley de Minería de Gran Porte, o la llamada Ley Aratirí. Desde el campo popular se denuncia la creación por parte del sistema político de una ley a la medida, una ley que hoy en día está siendo interpelada por su inconstitucionalidad. El fiscal Enrique Viana presentó a la Suprema Corte de Justicia el recurso de inconstitucionalidad para la Ley de Minería de Gran Porte, que se sustenta en dos argumentos: los conflictos judiciales por incumplimientos de normas que se tengan con la empresa deberán resolverse en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ), una corte internacional que pertenece al Banco Mundial, por lo tanto la justicia uruguaya no tiene capacidad de juzgar a la empresa. Esto restringe nuestra soberanía y viola la separación de poderes en tanto el poder ejecutivo al firmar el contrato pasa por encima del poder judicial. El otro argumento es la violación al artículo 47 de la constitución que expresa:
‘‘La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deben abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentaria está a disposición y podrá prever sanciones para los transgresores’’.
La construcción del emplazamiento minero, de acuerdo a este artículo, estaría violando la constitución debido a sus impactos; la contaminación de la tierra, el aire y principalmente el agua.
Hoy en día el fiscal Viana ha sido separado de su cargo; bajo una persecución política orquestada por el gobierno se le ha realizado una investigación administrativa y se lo separó del cargo.
La firma de este tipo de contrato con Zamin Ferrous nos habla de otro proyecto en el marco del neodesarrollismo, que significará la entrega de nuestra soberanía a cambio de una oferta laboral reducida para una megamina que permanecerá entre 12 y 15 años en nuestro país y una empresa transnacional que podrá extraer el recurso con la única condición de ofrecer al mercado un 15% de lo que extraiga (2).
Lucha y resistencia
El campo popular, desde organizaciones sociales, colectivos de productores, algunos sindicatos, gremios estudiantiles y demás organizaciones, está dando una lucha contra la implementación de los mega proyectos. Entre estas, se destaca la realización de varias marchas al año, llevadas adelante por la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales (ANP). La ANP está conformada por varios colectivos, organizaciones sociales, sindicatos y gremios, y tiene como finalidad organizar la lucha y establecer vínculos entre aquellos que se oponen al modelo imperante y el saqueo de nuestros bienes comunes. Desde la creación de la ANP en el 2012 se han realizado varias marchas nacionales y concentraciones en defensa de la tierra y los bienes naturales, que han tenido una participación multitudinaria.
A su vez, organizaciones sociales y ONG’s impulsan una recolección de firmas para realizar una reforma constitucional (3) con la finalidad de prohibir la instalación de emplazamientos mineros a cielo abierto y así frenar la instalación de la minera Aratirí y futuros proyectos.
Hoy en día la lucha contra la megaminería que la ANP y demás organizaciones están dando se enmarca en la negativa a la firma del contrato de inversión con la empresa Zamin Ferrous. El gobierno ha anunciado varias veces su inminente firma, pero esta ha quedado sucesivamente trunca. La falta de garantías sobre el cuidado ambiental es uno de los elementos que exponen los jerarcas del gobierno a la hora de explicar el retraso de la firma del contrato, lo cual ha generado presiones desde el gobierno a la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) en busca de tener dispuestos los avales ambientales y acelerar su firma.
El desafío se mantiene para los actores del campo popular. Resistir los megaproyectos que suponen el saqueo de nuestros bienes comunes y que se enmarcan en un modelo neodesarrollista que atraviesa al continente -como lo demuestra el plan IIRSA-, al igual que generar discusiones estratégicas que permitan luchar por un modelo de país diferente colocando sobre la mesa las posibles alternativas que hacen a la necesidad de quebrantar los ejes de desigualdad y dependencia que hacen a nuestra condición histórica, es la tarea y el desafío que se tiene por delante.
(1) Más información sobre la caracterización de este modelo en la Revista contrapunto Nº2: Bienes comunes, saqueo y resistencias: Artículo Seis tesis urgentes sobre el neo-desarrollismo en Uruguay.
(2) Información sobre las características del proyecto minero Aratirí - acceder
(3) Más información sobre la propuesta de reforma constitucional - acceder
CELTA-FEUU: Comisión de Estudiantes en Lucha por la Tierra y el Agua - Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
Hoy en día este rol mantiene su vigencia en el marco de diversos acuerdos internacionales y nacionales que hacen a un modelo económico que podemos caracterizar como neodesarrollista (1). De acuerdo a este modelo, la exportación de commodities con el financiamiento de inversiones extranjeras es la base para la salida del subdesarrollo de los países latinoamericanos, entre ellos Uruguay. El modelo neodesarrollista (una de las caras del capitalismo reformista) se encarga de encubrir y tecnificar el rol político de nuestra inserción económica y la producción tecnológica, en tanto marca una alianza entre los gobiernos y los capitales extranjeros en búsqueda de un mayor desarrollo. Desde este modelo existen ‘‘capitales positivos’’ que nos pueden ayudar a salir del subdesarrollo. Desde la teoría de la dependencia afirmamos que el subdesarrollo no puede comprenderse como una etapa hacia el desarrollo, sino como la consecuencia necesaria de un sistema económico mundial dominado por las economías centrales, y afirmamos a su vez que el modelo neodesarrollista marca una continuidad sobre el rol histórico de América Latina y nuestro país en el sistema capitalista.
El plan IIRSA y sus impactos
Si hablamos de la implementación de un modelo neodesarrollista debemos hablar del plan IIRSA (Integración de la infraestructura regional Sudamericana). Este plan encuentra sus argumentos en la potenciación económica de América Latina, a través de la extracción y rápida circulación de recursos naturales. Dicho plan significa la creación de mega emplazamientos mineros, extracción de petróleo, plantas de celulosa y forestación, producción sojera, extracción de gas a través del fracking, plantas regasificadoras, mega puertos, mega carreteras, entre otras. Una iniciativa se enmarca en un aceleramiento de la explotación de recursos naturales y de su exportación a las potencias centrales, configurando a grandes rasgos‘‘La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deben abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentaria está a disposición y podrá prever sanciones para los transgresores’’. un vaciamiento de los bienes comunes del continente en tiempos cada vez más acelerados.
Hoy en día en el Uruguay son varios los proyectos de este estilo que ya están encaminados: las plantas de celulosa, la explotación extensiva de soja y forestación, mientras que otros proyectos aún esperan la llegada de capitales y la firma de contratos, entre ellos: regasificadora en el oeste de Montevideo en el barrio de Santa Catalina, puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha y el mega emprendimiento minero Aratirí en el departamento de Treinta y Tres. Estos proyectos no deben entenderse por separado, en tanto la regasificadora va a suministrar esencialmente a Aratirí de energía, mientras que los minerales allí extraídos irían directo al puerto de aguas profundas y de allí a los mercados internacionales, principalmente China.
La construcción del emplazamiento minero y la firma del contrato de inversión con la empresa Zamin Ferrous, tienen su sustento en la Ley de Minería de Gran Porte, o la llamada Ley Aratirí. Desde el campo popular se denuncia la creación por parte del sistema político de una ley a la medida, una ley que hoy en día está siendo interpelada por su inconstitucionalidad. El fiscal Enrique Viana presentó a la Suprema Corte de Justicia el recurso de inconstitucionalidad para la Ley de Minería de Gran Porte, que se sustenta en dos argumentos: los conflictos judiciales por incumplimientos de normas que se tengan con la empresa deberán resolverse en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ), una corte internacional que pertenece al Banco Mundial, por lo tanto la justicia uruguaya no tiene capacidad de juzgar a la empresa. Esto restringe nuestra soberanía y viola la separación de poderes en tanto el poder ejecutivo al firmar el contrato pasa por encima del poder judicial. El otro argumento es la violación al artículo 47 de la constitución que expresa:
‘‘La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deben abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentaria está a disposición y podrá prever sanciones para los transgresores’’.
La construcción del emplazamiento minero, de acuerdo a este artículo, estaría violando la constitución debido a sus impactos; la contaminación de la tierra, el aire y principalmente el agua.
Hoy en día el fiscal Viana ha sido separado de su cargo; bajo una persecución política orquestada por el gobierno se le ha realizado una investigación administrativa y se lo separó del cargo.
La firma de este tipo de contrato con Zamin Ferrous nos habla de otro proyecto en el marco del neodesarrollismo, que significará la entrega de nuestra soberanía a cambio de una oferta laboral reducida para una megamina que permanecerá entre 12 y 15 años en nuestro país y una empresa transnacional que podrá extraer el recurso con la única condición de ofrecer al mercado un 15% de lo que extraiga (2).
Lucha y resistencia
El campo popular, desde organizaciones sociales, colectivos de productores, algunos sindicatos, gremios estudiantiles y demás organizaciones, está dando una lucha contra la implementación de los mega proyectos. Entre estas, se destaca la realización de varias marchas al año, llevadas adelante por la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales (ANP). La ANP está conformada por varios colectivos, organizaciones sociales, sindicatos y gremios, y tiene como finalidad organizar la lucha y establecer vínculos entre aquellos que se oponen al modelo imperante y el saqueo de nuestros bienes comunes. Desde la creación de la ANP en el 2012 se han realizado varias marchas nacionales y concentraciones en defensa de la tierra y los bienes naturales, que han tenido una participación multitudinaria.
A su vez, organizaciones sociales y ONG’s impulsan una recolección de firmas para realizar una reforma constitucional (3) con la finalidad de prohibir la instalación de emplazamientos mineros a cielo abierto y así frenar la instalación de la minera Aratirí y futuros proyectos.
Hoy en día la lucha contra la megaminería que la ANP y demás organizaciones están dando se enmarca en la negativa a la firma del contrato de inversión con la empresa Zamin Ferrous. El gobierno ha anunciado varias veces su inminente firma, pero esta ha quedado sucesivamente trunca. La falta de garantías sobre el cuidado ambiental es uno de los elementos que exponen los jerarcas del gobierno a la hora de explicar el retraso de la firma del contrato, lo cual ha generado presiones desde el gobierno a la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) en busca de tener dispuestos los avales ambientales y acelerar su firma.
El desafío se mantiene para los actores del campo popular. Resistir los megaproyectos que suponen el saqueo de nuestros bienes comunes y que se enmarcan en un modelo neodesarrollista que atraviesa al continente -como lo demuestra el plan IIRSA-, al igual que generar discusiones estratégicas que permitan luchar por un modelo de país diferente colocando sobre la mesa las posibles alternativas que hacen a la necesidad de quebrantar los ejes de desigualdad y dependencia que hacen a nuestra condición histórica, es la tarea y el desafío que se tiene por delante.
(1) Más información sobre la caracterización de este modelo en la Revista contrapunto Nº2: Bienes comunes, saqueo y resistencias: Artículo Seis tesis urgentes sobre el neo-desarrollismo en Uruguay.
(2) Información sobre las características del proyecto minero Aratirí - acceder
(3) Más información sobre la propuesta de reforma constitucional - acceder
CELTA-FEUU: Comisión de Estudiantes en Lucha por la Tierra y el Agua - Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
